Apuntes de FOIA/Deportación

APUNTES DE FOIA: Comunidades Seguras, el conflictivo programa de ICE

Bajo el programa Comunidades Seguras, oficiales locales colaboran con ICE para realizar verificaciones de antecedents a todos los detenidos. (Photo courtesy Northern Colorado Gazette)

Recientemente, el Archivo comenzó una nueva serie de pedidos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA-Freedom of Information Act) sobre lo que se ha convertido en una de las iniciativas de implementación migratorias más conflictivo en los Estados Unidos: el programa de deportación Comunidades Seguras. Este programa de intercambio de datos requiere que participen oficiales de las jurisdicciones estatales y municipales comparando las huellas digitales que ellos toman de individuos detenidos con las huellas digitales de varias bases de datos del gobierno federal para verificar por violaciones migratorias. El efecto del programa de ICE ha sido un gran número de detenciones de las cuales más del 90% fueron latinos y  aproximadamente 3,600 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados desde el comienzo del programa hasta solo el año 2011. Mas de un tercio (39%) de los individuos arrestados a través de Comunidades Seguras reportaron que tenían un cónyuge o niño ciudadano estadounidense, lo que significa que alrededor de 88,000 familias con miembros que son ciudadanos estadounidenses se vieron afectados por este programa.

Ahora, muchos estados y municipios se niegan a cooperar con este programa. “Necesitamos confianza, y esto es exactamente lo opuesto que sugiere un programa como Comunidades Seguras,” dijo Jack Cole, un policía estatal detective de Nueva Jersey retirado que cofundó la organización Law Enforcement Against Prohibition. “Es la antítesis de lo que necesitamos como oficiales de policía.” Comunidades Seguras es una colaboración entre ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y el Departamento de Justicia. ICE declara en su página web que “Priorizan la destitución de extranjeros criminales, los que son considerados como un peligro a la seguridad pública y los que son ofensores de reglas inmigratorias repetidas veces.”

Uno de nuestros principales objetivos aquí en el Proyecto México/Migración en el Archivo Nacionales de Seguridad es de aumentar la transparencia de las instituciones de seguridad y de aplicación de la ley en Estados Unidos. Las cuestiones que monitoreamos con más interés son esas instituciones cuyas operaciones y políticas afectan directamente los derechos de los migrantes a demás, de esas agencias que producen información que avanza nuestro entendimiento de las operaciones y políticas de instituciones involucradas con asuntos migratorios. (En una publicación reciente, miramos la Iniciativa de Repatriación Interior de ICE.)

Nuestro último pedido de FOIA sobre el programa Comunidades Seguras es parte de este esfuerzo. Escribimos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS),  EE.UU. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y les pedimos por archivos sobre el diseño, los objetivos y la implementación del programa Comunidades Seguras, las estadísticas de repatriación, presupuestos y estadísticas operacionales, archivos sobre actividades y otros resúmenes operacionales, evaluaciones internas y externas y finalmente, otros documentos relacionados a la vigilancia del programa.

Mucha de la controversia alrededor de Comunidades Seguras es por sus efectos secundarios sobre gente que ya se han situado y establecido en los Estados Unidos. Aquellos que son deportados bajo Comunidades Seguras tienen más probabilidades de tener miembros de la familia que son ciudadanos estadounidenses o niños que son ciudadanos, a comparación de aquellos deportados a través de otros programas. La discusión tampoco está limitada a oficiales de programas de migración u organizaciones por los derechos de los migrantes. Los gobernadores de los estados de Illinois, Massachusetts y Nueva Jersey han estado mal dispuestos a dejar que el programa se expanda a sus estados. Su preocupación principal es que los oficiales locales no deberían verse como una extensión de la aplicación de leyes federales migratorias en sus comunidades de migrantes. Cuando esta distinción no es clara, migrantes indocumentados que son víctimas de crímenes o abusos pueden no querer cooperar con la policía por miedo a deportación.

El debate alrededor de la eficacia del programa se ha vuelto tan polémico que la Secretaria de DHS, Janet Napolitano, creó un Grupo de Trabajo sobre Comunidades Seguras, que en septiembre 2011, publicó un informe crítico en el que recomendó que agencias “suspendan la expansión de Comunidades Seguras a cualquier jurisdicción nueva hasta que DHS considere las recomendaciones en este informe y implemente las recomendaciones que acepte” y que “tiene muy poco sentido expandir un programa que muchos líderes de la comunidad y oficiales electos consideran profundamente defectuoso, especialmente por su impacto sobre la seguridad de comunidades y derechos civiles.” Aun así, en 2012, oficiales federales anunciaron que el programa seria extendido a través de Massachusetts y Nueva York, precisamente adonde la resistencia a la expansión del programa era más fuerte.

Y realmente ha expandido. Bajo el presidente Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expandido el programa Comunidades Seguras de solo 14 a más de 3,000 jurisdicciones, incluyendo todas las jurisdicciones de la frontera del sur oeste. DHS dice que está en “en camino a expandir Comunidades Seguras a todas las jurisdicciones de aplicación de ley en el país durante el año fiscal de 2013.” El programa es una de las razones por las cuales el presidente Obama ha deportado a más personas que el presidente Bush. La administración de Obama insiste que su enfoque principal es de atrapar y deportar los peores, más peligrosos criminales, y que hasta ahora el programa ha sido un excito, citando estadísticas como las que dicen que “ de los más de 166,000 migrantes que fueron condenados por crímenes y fueron deportados de los Estados Unidos después de ser identificados por Comunidades Seguras, mas de 61,000 migrantes habían sido condenados por delitos graves (nivel 1), incluyendo asesinato, violación y abuso sexual de niños.”

Sin embargo, académicos y defensores de los derechos de migrantes no están de acuerdo. Un informe de la Escuela de Ley de Berkeley[11] encontró que Comunidades Seguras “ha conseguido un numero de deportaciones de migrantes latinos desproporcional y detenciones por las autoridades migratorias a cientos de ciudadanos estadounidenses.” Otro estudio concluyó que aquellos que fueron deportados bajo el programa Comunidades Seguras tenían más probabilidad de tener niños menores que eran ciudadanos (31% en vez de 20%), habían pasado más tiempo en Estados Unidos (una media de 8.6 años en vez de 6.1) y que tenían más probabilidad de considerar que su residencia permanente estaba en los Estados Unidos (46% en vez de 24%).

El efecto directo de este programa ha sido de destrozar a familias, ellos dicen, separando los miembros de familias que están legalmente permitidos a quedarse en el país de los que no lo son. Grupos defensores de migrantes señalan que programas como este tienen muy poco impacto en la decisión de individuos de volver a los Estados Unidos, pero que más bien, ponen en marcha un circulo vicioso de deportación, reintentos a entrar al país, detención y la continuación de separaciones de familias.

Esperamos comunicarnos devuelta pronto con los resultados de nuestros pedidos de FOIA y les continuaremos a dar actualizaciones sobre las últimas revelaciones y desclasificaciones sobre migrantes y los derechos de migrantes.

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