Derechos Humanos

Masacre de San Fernando: los familiares tienen derecho a saber por qué

Los comisionados de IFAI pueden y están obligados a determinar si la masacre de los 72 migrantes en 2010 constituye un una violación grave de los derechos humanos.

Los comisionados de IFAI pueden y están obligados a determinar si la masacre de los 72 migrantes en 2010 constituye un una violación grave de los derechos humanos.

El juez sexto de distrito determinó que el derecho a la información es un “derecho humano” que sobresee la aplicación “desproporcional” de la excepción relativa a las averiguaciones previas, en el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando.

 Esta entrada ha sido co-escrito por Michael Evans y Jesse Franzblau y publicado por Animal Politico en México

En un caso de suma importancia con respecto al acceso a la información e investigaciones sobre derechos humanos en México, un juez federal declaró la semana pasada que los comisionados de IFAI pueden y están obligados a determinar si la masacre de los 72 migrantes en el estado de Tamaulipas por supuestos miembros de los Zetas constituye un una violación grave de los derechos humanos, en acuerdo a las normas legales internacionales. Si determina que sí, como alegan los demandantes, la Procuraduría General de la Republica (PGR) tiene que desclasificar una versión pública de la averiguación previa sobre la masacre de acuerdo con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que prohíbe la restricción de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o la ley humanitaria internacional.

Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hasta el momento han rechazado las demandas interpuestas por los grupos de la sociedad civil, encabezadas por Artículo 19 en México, y se han negado a intervenir en el caso. En Setiembre de 2013, IFAI determinó que no “cuenta con las facultades, la aptitud, la pericia, el conocimiento o el personal para investigar y calificar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad” con respecto a las matanzas de San Fernando (ver Articulo 19, El IFAI puede ponderar sobre violaciones a Derechos Humanos). Sin una determinación oficial sobre si la masacre constituyó una violación de derechos humanos o no, el IFAI determinó que no pudo invocar la cláusula del Artículo 14 de la Ley de Transparencia, que no permite la restricción de documentos relativos a las dichas violaciones. Los comisionados rechazaron entonces el recurso de revisión de Articulo 19, y rehusaron ordenar a la PGR publicar su averiguación previa sobre el caso de San Fernando (ver IFAI niega acceso a la información).

Articulo 19 presentó un amparo en contra del IFAI, y el juez resolvió que el instituto sí es capaz de interpretar la ley y determinar si la masacre podría constituir una violación grave de los derechos humanos, aplicando los criterios de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez también estableció que la decisión de IFAI de septiembre de 2013 – en la que determinó que otra autoridad tendría que analizar la naturaleza del caso con respecto a los criterios de derechos humanos – fue una violación del derecho a la información en sí misma.

En una parte excepcional de la decisión del corte, el juez declaró que la decisión de la PGR de negar acceso a la información relativa a su “investigación inicial” sobre la masacre –la cual respaldó el IFAI– es “desproporcional” y “transgrede el derecho humano de acceso a la información”.

El amparo concedido a Artículo 19 ordena al IFAI a revisar otra vez el caso de San Fernando, con el fin de determinar si las matanzas constituyen razonablemente graves violaciones de derechos humanos bajo criterios definidos por la corte, y si es el caso, ordena a la PGR desclasificar la versión pública de su averiguación previa.

Una campaña estratégica para promover el derecho a la verdad

Si es acatada, esta orden del juez representará un avance enorme por los defensores de derechos humanos y los proponentes de transparencia en México, y podría tener impacto transformativo con respecto a la eficacia de utilizar la ley de transparencia en México para investigar violaciones de normas internacionales de derechos humanos.

Como parte del proyecto de Migración Abierta, el Archivo de Seguridad Nacional continúa apoyando la campaña iniciada el año pasado por Articulo 19 y una coalición de organizaciones para promover el derecho a la verdad con respecto al caso de San Fernando. El caso es parte de una campaña coordinada, lo que involucra activistas en temas de transparencia y defensores de derechos de migrantes en los EEUU y en México; todos trabajando para cambiar la cultura de secrecía con respecto a la violencia hacia migrantes.

Casi más de cuatro años después, las entidades federales y estatales responsables de investigar el caso en México han demostrado que están poco dispuestas, o incapacitadas, para investigar la masacre a fondo. Familiares de las víctimas de la masacre enfurecieron después de la publicación de informe formal sobre el caso hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro lo cual negó afirmar si la matanza constituyó violaciones graves de derechos humanos. Los familiares de las víctimas, en coordinación con la Fundación para la Justicia (FJEDD) han presentado un amparo en contra de la CNDH y están desafiando la inviolabilidad de las resoluciones de la Comisión (ver post sobre el amparo en contra la CNDH). El amparo argumenta que la CNDH, la entidad responsable a la protección y defensa de derechos humanos en México, violentó sus derechos al investigar de manera deficiente los hechos y emitir una recomendación que no tomó en cuenta los testimonios ni el derecho a la justicia de las familiares, y falló al no determinar la responsabilidad directa o indirecta del Estado en el acto de la matanza.

En consulta con las organizaciones mencionadas, Migración Abierta ha trabajado en esfuerzos estratégicos para ganar el acceso a los archivos secretos gubernamentales con información relativa a los abusos hacia migrantes, y la información sobre la masacre de San Fernando se encuentra en el centro del esfuerzo. Utilizando leyes de transparencia en los dos países, la estrategia busca poner presión a las dependencias estatales en los EEUU y en México para revelar información clasificada importante a la defensa de migrantes por los dos lados de la frontera. El nivel de circunstancias relacionado a la masacre de San Fernando, y el descubrimiento el siguiente año de cientos de más cuerpos en fosas clandestinas, demuestra el horror de este caso emblemático de los abusos que enfrentan los migrantes en su travesía por México.

La estrategia ha resultado en la desclasificación de cables diplomáticas de los EEUU y reportajes de inteligencia con información útil para respaldar los casos legales. Publicados en agosto 2013 por primera vez, los documentos reflejan la preocupación que han tenido los representantes de los EEUU que, a pesar de su conocimiento, los oficiales en México han hecho poco para prevenir los hechos de violencia hacia los migrantes cometidas por los cárteles, y deliberadamente minimizaron la responsabilidad del estado por la masacre en San Fernando (ver post con los documentos desclasificados). Un cable de la Embajada estadounidense enviado a Washington, DC, justo meses antes de la masacre observó el estado de “impunidad casi total” de los cárteles frente a la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Cuatro años después, la cultura de impunidad todavía existe.

Los archivos desclasificados también brindan detalles sobre la detención de oficiales de la policía del municipio de San Fernando y supuestos miembros de los Zetas a raíz de la masacre, incluyendo archivos del Departamento para la lucha Contra las drogas (DEA) sobre la detención de líderes de los Zetas en abril de 2011. Documentos de la DEA indican que las agencias de los EEUU están dispuestas a divulgar información que podría ser considerada sensible con respecto a las investigaciones, allanando el camino de la PGR par revelar sus averiguaciones previas sobre el caso.

Por el lado de México, la estrategia ha producido una serie de archivos internos del Instituto Nacional de Migración (INM), relativa a los programas de protección implementados a raíz de la masacre de San Fernando, lo cual incluye la creación de los Grupos de Protección a Migrantes en julio de 2011 por despliegue a las rutas de migración peligrosas (ver documentos de INM desclasificados en respuesta a solicitud no. 0411100064213). En un caso mas reciente, el IFAI ordenó al INM ubicar los documentos e respuesta a nuestra solicitud en busca de documentos relativos a las despedidas de oficiales del INM en mayo de 2011 bajo alegatos de participación en abusos hacia migrantes (ver IFAI Resolution 5361/13, solicitud #0411100075613).

En este momento IFAI tiene las llaves para abrir los archivos secretos detrás de una investigación criminal que ha fracasado y no ha realizado ni una condena por los responsables por la matanza más chocante que ha visto México en una generación. Inmediatamente después del descubrimiento de los cuerpos de víctimas en fosas comunas en San Fernando en abril de2011, la Comisión Interamericana instó al “Estado de México a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta” (ver CIDH Comunicado de Prensa, abril de 2011). Casi cuatro años después, México ha fracasado en cada una de estas pruebas. Ahora el IFAI determinará si las familiares de las victimas de San Fernando tiene el derecho a saber por qué.

3 pensamientos en “Masacre de San Fernando: los familiares tienen derecho a saber por qué

  1. Pingback: Mexico’s San Fernando Massacre: The Families Have the Right to Know Why | UNREDACTED

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