Derechos Humanos/Transparencia

En el Día Internacional del Derecho a Saber, una llamada a desclasificar masacres de migrantes en México

El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando hace tres años.

El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando hace tres años.

Ayer, en el Día Internacional del Derecho a Saber (#IRTKD2014), nuestros amigos de la Fundación para la Justicia (FJEDD) y Artículo 19 (A19) en México puso en marcha una nueva página web que implora al Procurador General de México (PGR) para cumplir con la ley y desclasificar expedientes de investigación pertenecientes a las 2010 y 2011 masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, así como los relacionados al otro caso de 49 asesinatos–muchos de ellos probablamente migrantes–en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

Las investigaciones de largo se han mantenido en secreto en medio de acusaciones de que agentes estatales hayan colaborado con los grupos criminales responsables de los asesinatos. A19 y FJEDD argumentan que estos asesinatos constituyen violaciones claras de los derechos humanos y que el PGR, por tanto, requiere para producir versiones desclasificadas de sus archivos de investigación sobre estos casos.

El nuevo sitio, que se refleja en la A19 y FJEDD, reúne a todos los recursos disponibles en las masacres, incluyendo fallos críticos en casos del acceso a la información presentadas por las dos organizaciones, artículos de noticias fundamentales sobre las masacres (incluyendo algunas que aparecieron aquí), material desclasificado del Departamento de Estado y otras agencias de Estados Unidos sobre los asesinatos, y las resoluciones importantes de los comisionados de acceso a la información del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En una carta abierta al Fiscal General mexicano Jesús Murillo Karam publicada en el nuevo sitio, A19 y FJEDD enfatizan que el “deber jurídico” de Karam para dar a conocer los registros “en los casos de violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.”

En el par de casos presentados por FJEDD y A19, dos jueces federales independientes han dictaminado que el IFAI, como la organización encargada de la resolución de disputas sobre el acceso a la información, es competente y legalmente obligado a tomar determinaciones con respecto a la aplicabilidad de los criterios de derechos humanos en estos casos. En el caso FJEDD, el juez resolvió, además, que las matanzas de San Fernando de 2010 y 2011, así como el asesinato y el desmembramiento de otros 49 en Cadereyta en 2012, eran violaciones de derechos humanos a primera vista, y que el IFAI debe exigir a la oficina del Procurador General para liberar archivos de los casos. Ambos casos están ahora a consideración de la Corte Suprema de México.

El mes pasado, en un acceso relacionada con el caso de información presentada por el Archivo de Seguridad Nacional, comisionados de información de México parecían cumplir con los conceptos legales que se exponen en los casos y por primera vez ordenada la PGR para abrir ciertos archivos de la investigación relativos al descubrimiento de unos 200 cuerpos en fosas comunes en el estado de Tamaulipas en abril de 2011. Al tomar la decisión, los comisionados del IFAI–un cuerpo de siete miembros, aprobado por el Senado de México–se declararon competentes para determinar la aplicabilidad de los criterios de derechos humanos en los casos de acceso a la información, incluso en la ausencia de tal constatación por otra autoridad legal. El hallazgo es de importancia crítica para la transparencia en este tipo de casos. El Artículo 14 de la ley de acceso de México prohíbe al estado ocultar información relativa a graves violaciones de los derechos humanos y o crímenes de lesa humanidad.

Documentos desclasificados y publicados anteriormente por el National Security Archive de relieve las acusaciones que vinculan a funcionarios federales y estatales para la masacre de San Fernando. Un cable de la Embajada de Estados Unidos destaca la detención de 16 funcionarios de policía en relación con la masacre de San Fernando de 2011 y el hecho de que los funcionarios estatales estaban “tratando de minimizar tanto los descubrimientos San Fernando [de fosas comunes] y los Estados [sic] la responsabilidad por ellos. Funcionarios de la embajada dijeron que lo hicieron a pesar de ser “plenamente consciente de los peligros de viajar en autopista en esta área.” Otro informe de EE.UU. describe un estado de “impunidad casi total” de las organizaciones criminales que operan en esa región “de cara a la fuerzas de seguridad locales comprometidas.” (Ver post anterior sobre documentos estadounidenses en San Fernando masacre).

Mientras que un número de personas han sido detenidas en relación con los casos de San Fernando, ha habido muy poca información disponible sobre los casos en contra de ellos. Los presuntos autores de la violencia, Édgar Huerta Montiel (“El Wache”) y Martín Omar Estrada Luna (“El Kilo”) siguen detenidos. Miguel Ángel Treviño Morales, el máximo líder de los Zetas, fue arrestado por las autoridades mexicanas en julio de 2013 Más recientemente, las autoridades mexicanas informaron de la detención de un presunto traficante de personas (pollero) dice que están vinculados al caso.

#IRTKD2014

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