Derechos Humanos/Transparencia

Procuraduría General de México ordenado a divulgar registros sobre masacre de San Fernando

Los comisionados de IFAI pueden y están obligados a determinar si la masacre de los 72 migrantes en 2010 constituye un una violación grave de los derechos humanos.

IFAI ha ordenado la PGR a liberar los archivos sobre 16 funcionarios detenidos relacionados con el descubrimiento de cientos de cuerpos en fosas comunes en abril de 2011.

Esta semana, los nuevos comisionados de información de México por primera vez ordenaron la Procuraduría General de la República (PGR) para abrir ciertos archivos de la investigación relacionada al descubrimiento de unos 200 cuerpos en fosas comunes en el estado de Tamaulipas en abril de 2011. Las víctimas, muchos de ellos migrantes se dirigían a la frontera entre Estados Unidos y México, fueron sacados de los autobuses interurbanos y ejecutado por la organización criminal Los Zetas con la presunta complicidad de la policía local y funcionarios del gobierno.

La decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se produce en respuesta a una solicitud de acceso a la información y luego una apelación presentada por Jesse Franzblau del National Security Archive y Migración Abierta para obtener información sobre 16 funcionarios policiales mexicanos detenidos a raíz del descubrimiento, denominado generalmente como la masacre de San Fernando de 2011. (Ver publicación relacionada, “Mexico’s San Fernando Massacre: A Declassified History,” del National Security Archive.)

El anuncio se produjo durante el cuarto aniversario de la relacionada 2010 San Fernando masacre y en el mismo día en el que Noticias MVS informó sobre nuestros esfuerzos para obligar a otra agencia mexicana, el Instituto Nacional de Migración (INM), a desclasificar y liberar los documentos en ese caso.

Al hacer la nueva decisión, los comisionados del IFAI—un cuerpo de siete miembros aprobado por el Senado de México—se declararon competentes para determinar la aplicabilidad de los criterios de derechos humanos en casos de acceso a la información, incluso con la ausencia de tal declaración por otra autoridad legal. El hallazgo es de importancia crítica para la transparencia en este tipo de casos. El Artículo 14 de la ley de acceso de México prohíbe al estado ocultar información relativa a graves violaciones de los derechos humanos y lesa humanidad.

La decisión del IFAI esta semana también ratifica los conceptos legales que se exponen en casos de acceso a la información relacionados que se están impugnadas en los tribunales mexicanos por el artículo 19 y la Fundación para la Justicia (FJEDD). Esos grupos están buscando la desclasificación de los archivos de investigación preliminar (previa averiguación) en tres asesinatos migrantes separados, incluyendo los casos de San Fernando 2010 y 2011.

En esos casos, dos jueces federales independientes han dictaminado que el IFAI es competente y legalmente obligado a tomar determinaciones con respecto a la aplicabilidad de los criterios de derechos humanos en el acceso a la información de los casos. Un juez tomó un paso más allá, al resolver que los de San Fernando matanzas de 2010 y 2011, así como el asesinato y el desmembramiento de otros 49 en 2012, eran violaciones de derechos humanos, prima facie, y que el IFAI debe exigir la oficina de PGR para liberar los archivos de los casos. Después de las apelaciones de IFAI y la PGR, esos casos son ahora a consideración de la Suprema Corte de Justicia de México.

Aquí hay un enlace a la transcripción oficial de la sesión pública del IFAI a principios de esta semana. Comisionada Areli Cano Guadiana comienza la discusión del caso de San Fernando en la página 65.

Documentos desclasificados obtenidos previamente por el National Security Archive subrayan las acusaciones que funcionarios del estado colaboraron en abusos migratorios. Un cable de la Embajada estadounidense destaca el arresto de 16 oficiales de la policía municipal en conexión a la masacre de San Fernando de 2011, y el hecho que funcionarios del gobierno estaban “tratando minimizar los descubrimientos [de fosas comunes] en San Fernando y la responsabilidad estatal por los hechos.” Oficiales de la Embajada dijeron que los funcionarios de México lo hicieron a pesar de ser “totalmente conscientes del peligro de viajar por carretera en la zona.” Otro reportaje de los Estados Unidos destaca el estado de “impunidad casi total” por las organizaciones operando en la región “frente a la aquiescencia de fuerzas locales” (Ver blog anterior sobre documentos estadounidenses sobre la masacre de San Fernando).

Mientras que una cantidad de personas han sido detenidas en relación a los hechos, hay poca información disponible sobre las acusaciones en su contra. Los supuestos autores intelectuales de la violencia, Édgar Huerta Montiel (“El Wache”) y Martín Omar Estrada Luna (“El Kilo”) sigan en detención. Miguel Ángel Treviño Morales, el líder de las Zetas, fue arrestado por autoridades en México en julio de 2013. Más recién, autoridades en México indica que el supuesto traficante de personas (pollero), supuestamente vinculado al caso, fue arrestado.

Un pensamiento en “Procuraduría General de México ordenado a divulgar registros sobre masacre de San Fernando

  1. Pingback: En el Día Internacional del Derecho a Saber, una llamada a desclasificar masacres de migrantes en México | Migración Abierta

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